Macro
Gobierno y senadores acuerdan trabajar en la búsqueda de nuevas vías para acortar tiempos de permisos para proyectos de inversión
Un eje se relaciona con avanzar en que las autorizaciones sectoriales puedan obtenerse en paralelo y que una no dependa de la otra. La oficina SUPER tendrá un rol más clave.
Por: Amanda Santillán | Publicado: Lunes 23 de diciembre de 2024 a las 20:00 hrs.
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El presidente de la comisión de Economía del Senado, Rojo Edwards, y el ministro de Economía, Nicolás Grau. Foto: Agencia Uno
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Con el objetivo de agilizar la tramitación, el Gobierno y la comisión de Economía del Senado lograron un acuerdo para la discusión de la ley marco de autorizaciones sectoriales, que tiene por fin reducir los plazos de tramitación que requiere un proyecto de inversión.
La iniciativa, que actualmente está en su segundo trámite legislativo, motivó una serie de seminarios en las últimas semanas bajo el paraguas de la Cámara Alta, los cuales convocaron a actores del mundo privado y público para que entregaran sus diagnósticos y propuestas de cara a la reforma.
De esta forma, los equipos técnicos se pusieron como fecha el 13 de enero para acordar indicaciones a 10 puntos del proyecto de ley.
Va a existir la tramitación en paralelo -donde la Ley no diga lo contrario-, logrando que ningún servicio pueda exigir otra autorización como requisito.
Otra directriz importante es que se incorporarán medidas que aseguren que los criterios y las reglamentaciones no cambian durante la tramitación del proyecto y su ejecución.
El presidente de la comisión de Economía, Rojo Edwards, calificó el protocolo como “muy complejo, pero muy bien desarrollado” y destacó que “requirió mucho trabajo y buena voluntad” para poder llegar a acuerdo.
“Es poder en conjunto redactar indicaciones que plasmen el espíritu que hay detrás de cada uno de los cambios que se piden dentro del proyecto que estamos tramitando. Y creo que ese espíritu existe tanto en el ministerio (de Economía) como en los senadores”, explicó el presidente de la comisión de Economía, Rojo Edwards.
El parlamentario agrega que espera que para cuando sea el plazo, “tengamos indicaciones que vayan en la línea exacta de lo que sale en el protocolo, entendiendo que deja dentro del marco de la negociación normal de las indicaciones cierta flexibilidad”.
Plazos obligatorios y digitalización
El protocolo compromete que el Ejecutivo puede presentar indicaciones respecto a 10 materias contenidas en el proyecto de ley en relación a declaraciones juradas, silencios administrativos, procedimientos y tramitación en paralelo, ámbito de aplicación de la ley marco, fortalecimiento institucional de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, entre otros.
De estos, Edwards destacó los ejes vinculados con los silencios administrativos y con el hecho de que todos los plazos para resolver permisos en el sector público pasen a ser “fatales y obligatorios”, algo que no pasa actualmente en la administración pública.
En esa línea, recalcó que va a existir la tramitación en paralelo -donde la Ley no diga lo contrario-, logrando que ningún servicio pueda exigir otra autorización como requisito para efecto de tramitar un permiso y soliciten requisitos no debidamente justificados.
Además, indicó que el uso de la plataforma Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER) será obligatorio y digital. “Va a permitir poder controlar que haya invariabilidad de criterios en los órganos sectoriales, por ejemplo, el Ministerio de Salud en las distintas regiones; y también que haya invariabilidad de criterios para permisos comunes a través de los municipios de Chile”, explicó el senador.
Otro eje importante es que se incorporarán medidas que aseguren que los criterios y las reglamentaciones no cambian durante la tramitación del proyecto y su ejecución.
No obstante, Edwards señaló que si bien espera que se pueda cumplir con la reducción de plazos planteadas por el Gobierno, también cedió en algunos temas.
“Si hubiese dependido de mí, yo hubiese eliminado una gran cantidad de regulaciones y habría permitido que la Oficina ejecute cambios en los permisos sectoriales, pero también en la Ley 19.300 en la Resolución de Calificación Ambiental, cosa que no quedó y espero que se pueda mejorar en otro proyecto de ley”, expuso el senador.
Principales puntos del protocolo sobre institucionalidad, silencio administrativo y regulación
- Fortalecimiento de la oficina
El protocolo acuerda el fortalecimiento institucional de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.
Para esto se incluyen medidas como que el director de la instancia deba enviar semestralmente un informe al Presidente de la República, con una evaluación detallada del cumplimiento de las normas y principios de la ley marco, por parte de los ministerios y servicios involucrados en la entrega de autorizaciones sectoriales.
Además, se reforzará la obligación de los servicios sectoriales de entregar en tiempo estipulado toda la información que la oficina solicite.
- Declaraciones juradas
En esta dimensión, se eliminará de la definición de tipologías la restricción al uso de técnicas habilitantes alternativas (THA), al igual que declarar que por norma general el Estado preferirá la implementación de estas y las medidas menos restrictivas posibles, a menos que la ley sectorial respectiva determine lo contrario.
Además, se reforzará el rol coordinador de la Oficina y el Ministerio de Economía en la definición reglamentaria de los umbrales y a su vez, se enfatizará el rol rector de que deben tener los principios orientadores de la ley en la definición de tales umbrales, con especial relevancia del principio de proporcionalidad con el riesgo efectivo del proyecto de inversión.
- Silencios administrativos
En este punto se hará una revisión conjunta de las autorizaciones, cuya tipología ya esté comprometida y se trabajará en una solución para silencios intermedios de informes indispensables para resolver una autorización, a través de una alerta o denuncia por parte del órgano tramitador a la Oficina para destrabarlo y limitar el plazo máximo de los informes intermedios.
También se revisarán todas las leyes sectoriales que contemplan plazos de tramitación específicos para estudiar sus reducciones.
- Mecanismos de mejora regulatoria
Su objetivo es la simplificación y la búsqueda de soluciones basadas en costo-efectividad, por lo que también se incluirán definiciones de simplicidad y riesgo en las leyes sectoriales.
Se obligará a reportar al Congreso el proceso de mejora regulatoria y el cumplimiento de compromisos.
Además, se obligará a los organismos sectoriales a revisar sus regulaciones cada tres años y que cumplan con los principios de proporcionalidad, estandarización, costo-efectividad y simpleza. En conjunto con incorporar la posibilidad de “eliminación” de permisos y autorizaciones.
